Más de 668 personas de 922 que usaron la Ley de Garantías en 2007 eran de Cuenca

Toledo.-  Un total de 668 personas de las 922 que el año pasado hicieron uso en la región para intervenciones quirúrgicas de la Ley de Garantías de tiempos máximos de respuesta en Atención Sanitaria Especializada eran de Cuenca, donde la larga huelga de los anestesistas del Hospital Virgen de la Luz causó numerosas demoras.

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(EFE)

El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo regional, Fernando Lamata, durante su comparecencia ante los medios de comunicación, hoy en Toledo, para informar sobre los acuerdos de la última reunión del Consejo de Gobierno.

El vicepresidente primero de la Junta, Fernando Lamata, informó hoy en rueda de prensa del decreto que ayer aprobó el Consejo de Gobierno que fija los plazos máximos de espera para consultas de atención especializada, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas para 2008.

Lamata explicó que el año pasado hicieron uso de esta ley, que permite a los pacientes acudir a un centro concertado cuando se sobrepasan los tiempos establecidos en el sistema de salud de Castilla-La Mancha, 922 personas que precisaban de atención quirúrgica, 668 de ellas en Cuenca.

Además, utilizaron la Ley de Garantías 3.105 personas para pruebas diagnósticas y 3.143 para consultas externas.

El decreto que ayer aprobó el Consejo de Gobierno fija los tiempos de espera en quince días para consultas de atención especializada, siete para pruebas diagnósticas y noventa días para intervenciones quirúrgicas.

Estos plazos son los mismos que el año pasado, pues ya se alcanzaron antes de la fecha marcada por la Ley de Garantías, los objetivos que se marcó el Gobierno regional.

Lamata señaló que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que tiene unos plazos más cortos y la oferta más amplia de centros en España en su sistema de garantías, y además paga los gastos desplazamiento y dietas al familiar que acompaña al enfermo.

Por otro lado, Lamata informó de la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto que aprueba el reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha por el que dijo se agiliza y clarifica el funcionamiento de este órgano.

El Consejo Escolar tratará sobre todas las normativas referidas a financiación y concertación, y contará con una comisión permanente y tres de trabajo.

El reglamento otorga más funciones a la comisión permanente para que agilice el funcionamiento del pleno del Consejo Escolar y establece unos plazos máximos de un mes para la elaboración de dictámenes solicitados y de quince días en los casos que sean de urgencia.

Lamata también informó de la aprobación ayer por el Consejo de Gobierno del decreto por el que se regulan las subvenciones destinadas a proyectos de acciones humanitarias y ayudas de emergencia.

Indicó que el año pasado se aprobaron 47 ayudas por importe de 5,1 millones de euros y fueron destinadas, entre otros lugares, para ayudar a las víctimas del conflicto en Colombia, las inundaciones en Mozambique, a Palestina, al envío de ayuda de emergencia a Mauritania por la sequía y a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto de El Salvador.

También se enviaron ayudas a la República Democrática del Congo para la repatriación de refugiados y para albergar a la población afectada por el terremoto de Perú, así como alimentos para los afectados por el huracán Félix en Nicaragua.

Además, el Consejo de Gobierno autorizó la participación de la Junta en la Fundación Jardín Botánico de Albacete, en la que participan también la Diputación y el Ayuntamiento de Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

El Gobierno regional aporta 49.000 euros de los 100.000 a los que ascienden el capital fundacional de la fundación que gestionará el Jardín Botánico, que servirá para la investigación, la formación de escolares en el respeto al medio ambiente y constituirá un atractivo turístico, según dijo el vicepresidente de la Junta, que ostentará la presidencia del Patronato, que estará integrado por doce miembros.

Además, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto que modifica parcialmente el reglamento de máquinas de juego en Castilla-La Mancha, de forma que serán los titulares de los locales con estas máquinas los que deberán velar por que no las usen ni los menores de edad ni personas con síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental.