Pamplona.- La renta básica de emancipación o ayuda de 210 euros al alquiler joven en Navarra, a la que se estima que podrían acceder unos cuatro mil jóvenes este año, se podrá solicitar a partir del próximo lunes en dos oficinas habilitadas para ese fin en Pamplona y en Tudela.
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, conversa con el consejero de Vivienda de Navarra, José Carlos Esparza (i), en una imagen de archivo.
El sistema de tramitación de esta ayuda ha sido presentado hoy en rueda de prensa por el consejero de Vivienda, José Carlos Esparza, quien ha apelado a la colaboración de los jóvenes para seguir el procedimiento previsto y así evitar que se produzcan largas colas o colapsos como ha sucedido en otras comunidades autónomas.
Los impresos de solicitud se podrán retirar a partir de mañana en las oficinas de VINSA en Pamplona y en Tudela, así como en las páginas web www.vinsanavarra.es y www.alquilerjoven.es.
También a partir de mañana se pondrá en marcha un sistema de cita previa, atendido por 25 informadores, tanto para recibir información sobre los requisitos y pasos necesarios para obtener la ayuda como para entregar la solicitud acompañada por la documentación necesaria. El teléfono de consultas y cita previa es el 902540606.
Las solicitudes se podrán presentar desde el lunes en las oficinas ubicadas en la calle Iñigo Arista, 21, de Pamplona, en la trabajarán 16 personas y se prestará el servicio en castellano y euskera, y en el edificio Codés en la calle José Antonio Fernández, 41 en Tudela, donde atenderán al público dos personas.
La renta básica de emancipación consiste en una ayuda de 210 euros mensuales para el pago del alquiler durante cuatro años, sean o no consecutivos. Además contempla un préstamo de 600 euros para el pago de la fianza y de 120 euros para cubrir los gastos de un aval bancario si fuera preciso.
Pueden solicitar esta ayuda los jóvenes con edades comprendidas entre los 22 y los 30 años, que sean titulares de un contrato de arrendamiento de una vivienda en la que residan de forma habitual y permanente que no esté sometida a ningún régimen de protección pública que establezca límites a su renta máxima de alquiler.
Además deberán disponer de una fuente regular de ingresos que no supere los 22.000 euros brutos anuales, poseer la nacionalidad española o la de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o en el caso de los extranjeros no comunitarios, tener la residencia legal y permanente en España.
Ante las dudas surgidas entre los jóvenes que comparten un piso de alquiler, el consejero ha subrayado que se concede una ayuda por contrato de arrendamiento, por lo que, según ha explicado, si conviven cuatro jóvenes y todos tienen derecho a la ayuda, cada uno percibirá un cuarto de 210 euros.
Igualmente ha destacado que esta ayuda es compatible con la deducción fiscal del 15 por ciento de la vivienda contemplada en la declaración de la renta.
Asimismo ha recordado que no podrán acceder a las ayudas quienes tengan parentesco en primer o segundo grado de consaguinidad o afinidad con el arrendador de la vivienda.
Tampoco tienen derecho a esa ayuda los titulares de la vivienda, salvo que, como sucede en el caso de personas separadas, no dispongan del uso ni disfrute de la misma o que su valor catastral no exceda del 60 por ciento del precio máximo de una vivienda de régimen general en el momento de la solicitud de la ayuda y situada en la misma localidad que la vivienda de la que se es titular.
La aplicación de esta ayuda es posible tras la firma de un convenio suscrito entre los gobiernos central y foral, en virtud del cual el primero pagará las ayudas y el segundo se ocupará del reconocimiento de ese derecho y de la tramitación de las ayudas.
Tras recibir la solicitud el Gobierno foral dispone de dos meses para reconocer el derecho o comunicar las causas de la denegación. En el caso de que la respuesta sea positiva el beneficiario debe acudir a una entidad colaboradora con el ministerio de Vivienda, que será el que le ingrese la renta en su cuenta.
Esparza ha apuntado que espera que estas ayudas no impliquen un aumento del precio de alquiler de la viviendas y para vigilar que así sea se ha establecido una comisión de seguimiento cuya función será analizar su incidencia por si fuera necesario introducir alguna restricción al precio máximo de alquiler.
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