La Asamblea de Ecuador aprueba la ley tributaria entre incidentes y el rechazo de la oposición

Quito.-  La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó hoy una polémica ley tributaria, enviada por el presidente del país, Rafael Correa, en una acalorada sesión en la que se registraron incidentes por el rechazo de la oposición al proyecto.

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(EFE)

Con 91 votos a favor de la ley, 23 en contra, seis abstenciones y diez asambleístas ausentes, la "Ley de Equidad Tributaria" fue aprobada en una maratoniana sesión de más de diez horas.

Con 91 votos a favor de la ley, 23 en contra, seis abstenciones y diez asambleístas ausentes, la "Ley de Equidad Tributaria" fue aprobada en una maratoniana sesión de más de diez horas desarrollada en la sede de la Constituyente, en la localidad costera de Montecristi.

La Asamblea Constituyente de Ecuador está controlada por el grupo oficialista, Alianza País, que ocupa 80 de los 130 puestos, y que ahora fue apoyado por otros grupos de izquierdas.

La aprobación de la ley estuvo precedida por la protesta que protagonizaron el jueves miles de manifestantes opositores, encabezados por el alcalde de la ciudad de Guayaquil, el conservador Jaime Nebot.

La movilización opositora pretendía llegar a Montecristi, pero esta aspiración fue impedida por la Policía para evitar eventuales enfrentamientos con las decenas de seguidores del Gobierno, que también acudieron a esa localidad para respaldar la reforma tributaria.

Nebot, cabeza visible de la oposición, ha amenazado con emprender nuevas protestas en enero, pues considera que la reforma aprobada por la Asamblea es perjudicial, aunque el Gobierno ha ratificado que no afectará a los presupuestos de los 219 municipios del país.

Durante la sesión de la Asamblea se produjeron varios altercados, principalmente protagonizados por el multimillonario Álvaro Noboa, asambleísta del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian), quien golpeó su mesa, abandonó la sesión, pero volvió para recriminar al Gobierno y a la ley.

Noboa aseguró que la ley tributaria desalienta la inversión, remarcó que esa enmienda causará más desempleo y pobreza en el país e insinuó que la ley va en contra de sus empresas.

Ese extremo fue rebatido por el oficialista Paco Velasco, quien afirmó que la norma obligará a "tributar más a los que más tienen" y beneficiará a los pobres y a la clase media.

Velasco dijo a Efe que la ley es "necesaria para el Ecuador", pues señaló que durante muchas décadas se ha impuesto "una menor carga tributaria a los sectores ricos".

Sin embargo, Velasco apuntó que la aprobación de la ley, que se prevé entre en vigor el próximo 1 de enero, causará la reacción de los grupos poderosos, que ya han anunciado protestas contra el Gobierno y la Constituyente.

"La derecha no tiene un plan político que haga frente al nuevo momento que vive Ecuador y, como no tiene ese plan, lo único que le queda, al parecer, es la desestabilización", aseguró Velasco.

El oficialista dijo que la Asamblea Constituyente se defenderá de los ataques de la oposición "con trabajo y sin caer en el temor", que supuestamente fomentan los grupos de derechas.

De su lado, un gremio de empresarios, la Cámara de Comercio de Quito, afirmó hoy que la reforma tributaria y un aumento salarial del 17,6 por ciento aprobada el jueves por el Gobierno, podrían traer consecuencias negativas para el país.

El presidente de esa Cámara, Blasco Peñaherrera, aseguró que esos dos factores "son elementos excesivamente sensibles y que, al haberse adoptado en base a decisiones políticas y no técnicas, las consecuencias pueden ser muy graves".

Entre las reformas aprobadas por la Asamblea se incluye sanciones a la evasión tributaria, que actualmente, según versiones oficiales, supera los 2.000 millones de dólares.

Además, la reforma prevé incrementar el impuesto a la herencia, regular el impuesto a la renta, a los consumos especiales, a la tierra, entre otros.

Esta es la primera reforma aprobada por la Constituyente, que cesó al Congreso y asumió todos los poderes para redactar una nueva Carta Magna y reformar el marco institucional del Estado, atribuciones aprobadas en un plebiscito que ganó en las urnas el oficialismo el pasado 15 de abril.