Tribunal del caso Gescartera dijo que la Justicia dará "a cada uno lo suyo"

Madrid.-  El tribunal del caso Gescartera dijo hoy en su uso final de la palabra antes del "visto para sentencia" que la justicia dará "a cada uno lo suyo", refiriéndose a los acusados, después de que algunos de ellos reiteraran su inocencia y pusieran de relieve las discrepancias que mantienen entre sí.

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(EFE)

Carmen Paloma González (2i-fondo), presidenta del tribunal que juzga el escándalo financiero de Gescartera, que afecta a más de 4.000 inversores, y en el que se decidirá sobre una responsabilidad patrimonial superior a los 52 millones de euros.

El tribunal señaló que en este caso no se han tenido en cuenta los apellidos de nadie, "si son lo más o menos solventes que sean", en respuesta a las defensas de Caja Madrid y La Caixa, quienes se defendieron de su posible responsabilidad civil subsidiaria arguyendo que se les acusaba por ser entidades solventes para pagar la deuda.

Añadieron que necesitarán tiempo para escribir la sentencia debido a la gran complejidad del caso y esperan poder leerla en la primera quincena de marzo, justo antes de Semana Santa.

Antes de que la presidenta del tribunal, Carmen González Campos, tomase la palabra, hicieron uso de la misma 9 de los 14 acusados en este caso, aunque el fiscal ya retiró los cargos contra Laura García-Morey, mujer de Antonio Camacho, y contra Angeles Leis, por ser simples empleadas de Gescartera.

Además de Antonio Camacho, quien defendió en todo momento Gescartera como un proyecto empresarial y financiero viable, el número 2 de la agencia de valores, José María Ruiz de la Serna, reiteró su inocencia y la de los empleados, puesto que no "se ha detraído cantidad alguna" y lo informes periciales demuestran que se pagaron de más a los clientes 2.300 millones de pesetas (13,82 millones de euros).

Por su parte, el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, para quien el fiscal pide once años de cárcel junto a Camacho y Ruiz de la Serna por apropiación indebida y falsedad documental, se limitó a exponer que siempre ha sido "un comercial" de la agencia de valores.

En su última palabra, Pilar Giménez Reyna agradeció el trato dispensado por el tribunal, pidió perdón a las acusaciones por el daño recibido por los clientes y añadió: "hoy, cada vez más, estoy más convencida de mi inocencia".

También el apoderado Javier Sierra de la Flor, quien pudo firmar cheques por más de 7 millones de euros, afirmó que su familia es "otra víctima más" del caso Gescartera, y el jefe de mantenimiento Miguel Angel Vicente retiró su "absoluta inocencia", al igual que el asesor fiscal, Agustín Fernández Ameneiro.

Capítulo aparte mereció la intervención del asesor Julio Rodríguez Gil, quien reconoció haber sufrido el "engaño" por parte de Antonio Camacho al hacerle firmar unos cheques a nombre de su sociedad Hari 2000 SL por unos 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros) y hacer uso de ellos ante la CNMV, cuando se consignaron "para no hacer uso".

El último en intervenir fue el empresario Carlos Pascual Ortín Barrón, acusado por complicidad, quien aseguró que fue "el primero" que sufrió las consecuencias de este caso que se prolonga durante más de seis años, porque alguien se "apropió" de su personalidad y le colocó en la lista de "testaferros" de Gescartera, a los que se imputaba pérdidas millonarias.

"No he sido socio, administrador, director, comercial ni he tenido vinculación con nadie de Gescartera", afirmó Ortín Barrón, quien criticó que se le citase a este juicio sólo cuatro tres días antes de su inicio y conociese a su abogado, designado de oficio debido a su situación económica, el primer día de sesión, el 17 de septiembre de 2001.