Argentina acusa a EE.UU. de cometer una trampa procesal en el "caso del maletín"

Buenos Aires.-  El gobierno argentino acusó hoy a Estados Unidos de cometer "una formidable trampa procesal" para evitar la extradición del empresario venezolano Antonini Wilson, reclamado por el "caso del maletín", que salpica al Ejecutivo local.

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(EFE)

Para Fernández (en la imagen), "durante la administración republicana, Estados Unidos ha mostrado permanentemente la desatención por América Latina".

"Es muy difícil de creer que haya una acción independiente de la justicia americana, fundamentalmente, porque es una acción de fiscales y los fiscales no actúan con independencia en Estados Unidos", sostuvo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en declaraciones a Radio Nacional de Argentina.

La justicia de Estados Unidos dijo esta semana que el maletín con 800.000 dólares decomisados en agosto pasado al empresario venezolano en Buenos Aires era para financiar la campaña electoral de la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Las declaraciones del jefe de Gabinete se produjeron luego de que el embajador de EE.UU. en Buenos Aires, Earl Anthony Wayne, dijera que el proceso judicial que lleva adelante su país en este caso "no tiene nada que ver" con la relación entre ambos gobiernos y asegurara que los fiscales estadounidenses "trabajan en forma independiente".

"A nosotros solo nos queda molestarnos porque lo que se hizo fue una formidable trampa procesal para evitar que Antonini Wilson venga" extraditado a Argentina, insistió Fernández.

Wilson partió de Buenos Aires a Estados Unidos horas más tarde de que las autoridades locales le decomisaran los 800.000 dólares.

"Entró con pasaporte venezolano y se fue con uno americano. Vino de Caracas y terminó en Miami. A partir de ese momento la investigación en Argentina avanzó y se reclamó su extradición para poder saber cuál era el origen y destino de esos fondos. Estados Unidos sistemáticamente se negó a enviarlo", relató.

"El resultado es que Wilson se ha convertido en un testigo privilegiado, con lo cual difícilmente lo manden a Argentina", aseveró.

Para Fernández, "durante la administración republicana, Estados Unidos ha mostrado permanentemente la desatención por América Latina y además se ha enojado con algunos de sus países, fundamentalmente con Venezuela".

Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Sean McCormack, insistió en que el "caso del maletín" es un asunto de la Justicia estadounidense, mientras Venezuela aseguró que tiene documentos "comprometedores" que revelan un "montaje" de ese país para desprestigiar a las administraciones de la región.

Cristina Fernández, quien asumió el pasado lunes como presidenta, denunció que fue implicada en una "operación basura" y cuestionó la actitud de EE.UU. sobre este caso, además de reafirmar la amistad de Argentina con Venezuela, de donde se presume que procedía el dinero.

Tres venezolanos y un uruguayo comparecieron el miércoles ante un tribunal de Miami bajo los cargos de conspirar para actuar como agentes al servicio de Venezuela y en conexión con Wilson, reclamado por la justicia argentina por el delito de contrabando de dinero, debido a que no declaró la suma confiscada en el caso del maletín.

Hay un quinto acusado en este caso, Antonio José Canchica Gómez, de 37 años, que está fugitivo, según la Fiscalía.

Yovanni López, portavoz de la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida, señaló que el fiscal adjunto Thomas Mulvhill dijo en un tribunal que Franklin Durán, uno de los cuatro detenidos por el escándalo, "tuvo una conversación que fue grabada, donde dijo que el dinero era para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner".

Por su parte, el ex juez argentino Guillermo Ledesma aseguró a la prensa que él participó como abogado de una reunión con dos colegas venezolanos que, según afirmó, presionaron a Wilson para que no revelara el destino final del maletín.

Al calor del escándalo que causó este caso en Argentina, una jueza de Buenos Aires dictó en agosto una orden de detención contra el venezolano Wilson.

Días después la Interpol emitió una orden de captura internacional contra el empresario, de 46 años y también ciudadano estadounidense, bajo la acusación de "fraude", una vez que fue pedido su arresto desde Buenos Aires.