Morales dice que no permitirá la división mientras las regiones lo retan con las autonomías

La Paz.-  El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo hoy que no permitirá la división del país, mientras cuatro regiones opositoras se preparan para iniciar un proceso autonómico al margen del polémico proyecto de Constitución impulsado por su Gobierno.

"No se permitirá ninguna separación, ninguna división de Bolivia", afirmó el mandatario en un acto de graduación de nuevos policías en La Paz.

"Aquí no hay autoritarismo ni dictadura", sostuvo Morales, al hacer un nuevo llamado al diálogo "sincero y honesto" con la oposición para que Bolivia siga cambiando y "deje de ser el último país de Suramérica".

Las críticas del presidente estuvieron dirigidas especialmente a las regiones opositoras de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, cuyas autoridades darán a conocer mañana los estatutos de autonomía que quieren aplicar en esos departamentos y que han sido elaborados al margen del proyecto de nueva Constitución.

La población de esas regiones aprobó en un referendo en 2006 ir a un régimen autonómico departamental, que sus dirigentes impulsan por su cuenta porque consideran que el nuevo proyecto de Constitución promovido por Morales perjudica sus aspiraciones.

En Santa Cruz (oriente), la más grande y rica del país y feudo de la oposición a Morales, el consejo departamental se transformará en órgano legislativo y comenzará a elaborar una nueva base jurídica e institucional para esa región, publicó hoy el diario cruceño El Deber.

Varios miembros del Gobierno, entre ellos el vicepresidente, Álvaro García Linera, han advertido en las últimas horas que la única manera de que ese estatuto sea legal es que se apruebe cuando la nueva Carta Magna entre en vigor.

Por su parte, el principal partido opositor Poder Democrático y Social (Podemos, derecha), los prefectos (gobernadores) de las cuatro regiones que apuestan por la autonomía y el de Cochabamba han denunciado que el proyecto de Carta Magna, que aún debe ser sometido a referendo, es ilegal y amenazan con desacatarlo.

La oposición no tiene la posibilidad de apelar ese proyecto ante el Tribunal Constitucional debido a que ese órgano sufrió el jueves la tercera dimisión en pocos meses, que lo dejó solo con dos magistrados que no alcanzan el quórum para su funcionamiento.

De su parte, la directiva de la Asamblea Constituyente, presidida por la indígena quechua Silvia Lazarte, entregará mañana la propuesta de Carta Magna a Morales, en un acto en la Plaza Murillo de La Paz.

El portavoz presidencial, Alex Contreras, detalló hoy que esa entrega estará precedida de una gran marcha hasta la plaza en la que participarán más de 80 organizaciones indígenas y campesinas afines al mandatario.

Contreras destacó que el Gobierno está actuando "en el marco de la ley" y que espera que los opositores hagan lo mismo mañana, al indicar que no se permitirán "actos vandálicos" en los cuatro departamentos que van a dar a conocer sus estatutos autonómicos.

Los embajadores acreditados en Bolivia, el Defensor del Pueblo, las iglesias católica y evangélica, los empresarios y la prensa expresaron el jueves su preocupación por la posibilidad de que en el país se desate una ola de violencia.

Los hechos violentos más recientes se produjeron en las últimas horas en Sucre, donde varios manifestantes quemaron un vehículo del Gobierno que intentaba transportar documentación de la Asamblea Constituyente.

Además, medios locales informaron que cuatro funcionarios de la Constituyente fueron retenidos por varias horas en el teatro que sirvió de sede a la Asamblea durante su mandato, con excepción de la sesión celebrada en un liceo militar de Sucre y de la última de Oruro.

En La Paz, el jueves por la noche hubo intercambio de insultos y gritos entre un grupo de jóvenes que reclamaban "paz" para Bolivia y simpatizantes del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mientras, fuentes de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmaron a Efe que ya está en Bolivia un enviado especial de la entidad, Raúl Alconada, para coordinar la misión de observación electoral que se llevará a cabo dentro del proceso constituyente y analizar la situación política del país.