Morales propone referendo un revocatorio mientras crecen los huelguistas en Bolivia

La Paz.-  El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso hoy un referendo para revocar su propio mandato y el de los nueve gobernadores del país, la mayoría opositores, mientras ya son casi 350 las personas que están en huelga de hambre en su contra.

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Morales detalló que mañana mismo enviará un proyecto de ley al Congreso nacional para que este órgano convoque "rápidamente" a un referendo revocatorio, aunque no precisó el plazo.

"Si el pueblo dice se va Evo, no tengo ningún problema, soy más demócrata. El pueblo dirá quiénes se van y quiénes se quedan para garantizar este proceso de cambio", dijo el mandatario durante un mensaje a la nación en Palacio de Gobierno, en La Paz.

Morales afirmó que quiere que se haga ese referendo revocatorio para comprobar si el pueblo apoya el "proceso de cambio" que impulsa su Gobierno y que, a su juicio, la oposición "conservadora" intenta frenar al formular denuncias internacionales en su contra para "acabar" con su administración.

"Evo Morales jamás ha pensado perpetuarse", dijo el jefe de Estado, al señalar que, en realidad, es el pueblo el que en diversas manifestaciones expresó su deseo de que gobierne por veinte o cincuenta años para garantizar un cambio con "justicia social".

Los gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Cochabamba, todos opositores al Gobierno, están en EE.UU. para denunciar ante varios organismos internacionales lo que consideran actuaciones "ilegales" de Morales y su partido en la Asamblea Constituyente y el Congreso.

Además, según informaron hoy a Efe varias fuentes, al menos 350 personas están en huelga de hambre en las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando en protesta por los "atropellos" a la democracia que, según la oposición, ha cometido Morales.

El departamento de Santa Cruz, el más rico del país y feudo de la oposición, concentra el mayor número de huelguistas, con alrededor de 250, confirmaron a Efe fuentes del comité cívico regional.

Los huelguistas protestan por la forma en que el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en primera instancia el proyecto de Constitución de Morales el pasado 24 de noviembre, en un colegio militar de la ciudad de Sucre, sin la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos y unos 300 heridos.

Asimismo, hace apenas una semana, parlamentarios pro gubernamentales reformaron la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente para que pueda trasladar sus sesiones de Sucre a cualquier otra ciudad y aprobaron otra norma para pagar un bono de vejez con parte de los presupuestos regionales.

Esa sesión se llevó a cabo mientras grupos de campesinos e indígenas afines a Morales impedían que los opositores entraran al Congreso.

Además de los cuatro prefectos opositores, que ya presentaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas sus denuncias, también está en Washington una misión del Gobierno boliviano.

Esa delegación solicitó hoy formalmente al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que envíe a Bolivia una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue las tres muertes ocurridas en Sucre.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, dijo que el Ejecutivo boliviano ha transmitido a Insulza "la más amplia voluntad de recibir a la OEA para cualquier misión de observación, de investigación o de verificación de los hechos".

El propio ministro de Exteriores, David Choquehuanca, comentó hoy en La Paz que el Gobierno boliviano no teme la posible llegada de observadores internacionales al país.

"¿Por qué tendría que tener temor? El Gobierno (boliviano) es de total transparencia y respeto a los derechos humanos", declaró el canciller en una rueda de prensa.

Hoy se conoció también que el oficialista MAS analiza trasladar la sede de la Constituyente a la zona central del Chapare, feudo de los productores de coca fieles a Morales, para completar la aprobación de la nueva Carta Magna antes del 14 de diciembre.

Por su parte, el jefe de los asambleístas de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, llamó hoy a todos los partidos opositores a hacer las gestiones necesarias ante el Congreso para prorrogar las sesiones de la Constituyente por seis meses más.