Las acusaciones particulares exculpan a mujer de Camacho y reducen la pena a Giménez Reyna

Madrid.-  La mayor parte de las acusaciones particulares personadas en el juicio oral de Gescartera retiraron los cargos contra Laura García Morey, mujer de Antonio Camacho, y la empleada Angeles Leis y redujeron la petición de penas de cárcel para la ex presidenta de la agencia de valores Pilar Giménez Reyna.

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(EFE)

Antonio Camacho y María del Pilar Giménez Reyna, imputados en el escándalo financiero de Gescartera, durante una de las sesiones del juicio en su contra el 17 de septiembre.

Aún así, en el momento de elevar a definitivas sus solicitudes de penas, las acusaciones mantuvieron las imputaciones contra el dueño de la agencia de valores, Antonio Camacho, el número 2, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón, desde los 11 años de cárcel pedidos por la representación de la Mutualidad de Policía (por delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad) hasta los 22 años demandados por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).

Aunque ejerce como acusación popular, Adicae también representa a cerca de un millar de los clientes de Gescartera, para los que pide una responsabilidad civil superior a los 90 millones de euros.

En este sentido, el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), que pagó indemnizaciones de un máximo de 20.000 euros para los clientes de Gescartera, reclamó una responsabilidad civil de 25,48 millones de euros, en la que, al igual que otras acusaciones, incluyeron como responsables civiles subsidiarias a Caja Madrid Bolsa y La Caixa.

Al igual que hizo el fiscal Vicente González Mota, las acusaciones de Gestoría Montalvo, Manos Unidas, Construcciones Rico y Velonor decidieron no pedir prisión para Laura García Morey y Angeles Leis, pese a que otras partes pidieron entre 6 y 15 años de prisión, pues ambas empleadas de Gescartera y actuaban bajo las órdenes de sus jefes aunque en departamentos distintos (Inversión y Contabilidad, respectivamente).

Respecto a Pilar Giménez Reyna, buena parte de las acusaciones bajaron sus penas desde los ocho años de cárcel por apropiación indebida o alternativa de estafa, por otras que varían desde los seis años por apropiación indebida a los tres años de cárcel por complicidad en este mismo delito.

También algunas acusaciones redujeron la pena pedida para Francisco Javier Sierra de la Flor, desde los quince años de prisión hasta los seis años por apropiación indebida, mientras que mantuvieron las penas de entre 8 y 10 años de cárcel para Miguel Angel Vicente, jefe de mantenimiento de Gescartera.

También, salvo escasas modificaciones por otras acusaciones, fueron sido acusados de apropiación indebida Agustín Fernández Ameneiro, Julio Rodríguez Gil e Inmaculada Baltar, para los que la mayor parte de las acusaciones solicitaron penas que varían entre los 6 y los 15 años de prisión.

Por último, para Carlos Ortín Barrón, José Alfonso Castro Mayoral, y Carlos Prats las acusaciones, al igual que el fiscal, han solicitado 3 años de prisión por considerarlos cómplices de apropiación indebida y permitir, si se demuestran estos cargos, que La Caixa pueda hacerse cargo de una parte importante como responsable civil subsidiaria.

En este sentido, las acusaciones también han pedido que se declare como responsable civil subsidiaria a Caja Madrid Bolsa que, junto a La Caixa, podría hacer frente a una responsabilidad civil que se situaría entre el agujero patrimonial de Gescartera (50,05 millones de pesetas), las aportaciones netas de los clientes fijadas por el Banco de España (69,7 millones de euros) y las aportaciones más su rentabilidad, hasta un montante superior a los 50,02 millones de euros.