Madrid.- El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, se ha ratificado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional en su acusación al presidente del Gobierno de ser cómplice de ETA, una denuncia "que mantengo", ha dicho, y por la que se le ha interpuesto una querella por un delito de injurias al Ejecutivo.
El presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz, llega a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez Ismael Moreno como imputado por un delito de injurias al Gobierno.
Alcaraz ha prestado declaración durante un cuarto de hora ante el juez Ismael Moreno, quien a instancias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).
El presidente de la AVT se ha negado a responder a las preguntas del abogado de ADADE, Mariano Benítez, según ha comentado éste, "y sólo ha manifestado que no tenía intención de injuriar al Gobierno y que sus declaraciones se han sacado de contexto", aunque lo importante, ha destacado, "es que se ha ratificado en lo que dijo".
Al término de su comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 Alcaraz ha señalado a los periodistas que en el día de hoy José Luis Rodríguez Zapatero "estará compartiendo alegrías con los terroristas, los separatistas y el brazo político de ETA" por ver al presidente de la AVT entrando por la puerta de la Audiencia Nacional, y se preguntó qué es "lo próximo" que le tiene preparado el Ejecutivo.
Se ha mostrado confiado en que la querella sea sobreseída, "porque es de sentido común", y ha recalcado que él ha hecho uso de su libertad de expresión al tiempo que se ha mostrado "tranquilo" porque "por decir lo que pensamos millones de españoles no me pueden meter en la cárcel".
Alcaraz ha llegado a la Audiencia Nacional acompañado de su esposa y arropado por una cuarentena de simpatizantes y miembros de la AVT, ataviados con las camisetas diseñadas para esta ocasión con el lema "De la A a la Z, todos somos Alcaraz", y profiriendo gritos como "Alcaraz somos todos" o "Rubalcaba jódete aquí estamos otra vez".
Se le imputa un delito de calumnias e injurias graves al Gobierno de la Nación, castigado con pena de multa de 12 a 18 meses, una acusación que el juez Moreno rechazó en un primer momento -el pasado 3 de julio- al considerar que las injurias y calumnias "deben de ir dirigidas contra altos organismos de la nación (...) no contra los miembros que personalmente forman parte del mismo".
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