Los sindicatos piden que las pymes de Castilla y León asuman también su 'responsabilidad social'

Valladolid.-  Las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León deben asumir que la llamada 'Responsabilidad Social Empresarial' les atañe y, aunque lo tienen "más complicado" que las grandes compañías, tienen que contribuir a que su actividad repercuta de forma positiva en el lugar en el que se asientan.

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(EFE)

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva (i), durante la reunión que la Comisión de seguimiento del Acuerdo Marco de Competitividad ha mantenido hoy en Valladolid.

Así lo han expresado a Efe los secretarios regionales de Acción Sindical de UGT, Roberto Rabadán, y de CC.OO., Vicente Andrés, quienes junto al secretario general de Cecale, Héctor García Arias, y el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, se han reunido hoy en Valladolid para impulsar la creación de grupos de trabajo relacionados con la 'Responsabilidad Social Empresarial' y el anclaje de empresas (deslocalización).

En opinión de Andrés (CC.OO.), la "implicación con la sociedad" de las empresas se debe extender a las pymes, que en Castilla y León constituyen la práctica totalidad del tejido empresarial, y se tiene que concretar en los diferentes certificados de calidad existentes, como el que otorga AENOR, por ejemplo.

Sin embargo, según Andrés, no existe vigilancia sobre el cumplimiento de los principios de calidad durante un periodo de tiempo prolongado y la Administración, al tratarse de una cuestión voluntaria por parte de las empresas, carece de poder ejecutivo para obligarlas a cumplir estos criterios, aunque debería "fomentar su adecuación".

Para Rabadán (UGT), "aunque lo tienen más complicado" que las grandes compañías, la responsabilidad social de las pymes debe ser también una realidad en Castilla y León.

No obstante, ha aclarado que en cuestiones como la deslocalización, el otro tema abordado en la reunión, la acción de las administraciones debe centrarse en pedir "responsabilidad" a las grandes empresas, que "no pueden dejar vacías de industria" los territorios que han apoyado su implantación (en forma de ayudas públicas).

El representante de la patronal castellanoleonesa, Héctor García Arias, cree que los conceptos de 'Responsabilidad Social Corporativa' y 'Responsabilidad Social Empresarial' deben distinguirse y ha subrayado la dificultad que tienen las pequeñas empresas para asumir estas iniciativas.

Pero García Arias ha apuntado que quizás el camino para que las pymes de la Comunidad se acerquen a estos conceptos sea la "cooperación entre empresas" para que la suma de todos pueda cristalizar en proyectos concretos.

En cuanto al grupo de trabajo constituido hoy para analizar los procesos de anclaje y deslocalización de empresas, CC.OO. reconoce que la Unión Europea determina las condiciones en que las empresas pueden ser sancionadas cuando abandonan un territorio, aunque defiende que de las negociaciones de este tipo de procesos se pueden obtener beneficios concretos para la zona afectada, como en los casos de Aguilar (Fontaneda), El Espinar (Bimbo) o Benavente (Tabacalera).

Sin embargo, UGT mantiene que las ayudas públicas concedidas a una empresa deben ser devueltas si la compañía decide trasladar las instalaciones productivas a otro lugar, ya que según Rabadán, las ayudas públicas concedidas para su asentamiento obligan a que repercutan "de forma directa y clara" en beneficio de la sociedad.

En este sentido, Cecale es partidaria de "profundizar" en todas las acciones determinadas en el Acuerdo Marco para la Competitividad Empresarial como fórmula para favorecer el asentamiento en la Comunidad de nuevas compañías.