Rabat.- Dos semanas después de la llamada a consultas de su embajador en España el Gobierno de Marruecos dice que las relaciones bilaterales "han pasado una crisis" y confía en recuperarlas, aunque insiste en "discutir" sobre Ceuta y Melilla.
El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno marroquí, Jalid Naciri, fue quien expresó el sentir oficial de Rabat, que ahora aguarda que España "dé la mano" para recuperar las relaciones bilaterales.
Marruecos protestó airadamente cuando conoció el anuncio de la visita de los Reyes de España, a principios de este mes, a esas dos ciudades españolas en el norte de Africa, cuya soberanía reivindica el Gobierno de Rabat.
"Hemos pasado una crisis durante las últimas semanas y esperamos que nuestros amigos españoles pongan su mano en la nuestra para superar esta crisis en las mejores condiciones", declaró Naciri después de la reunión del Gobierno.
Pero Naciri agregó: "nuestros amigos españoles saben que insistimos mucho, enormemente, sobre la necesidad de discutir seriamente del futuro de Ceuta y Melilla".
Las dos semanas de crisis comenzaron cuando, al anuncio de que los Reyes de España visitaban esas dos ciudades autónomas, sucedió el de la llamada a consultas del embajador marroquí en Madrid, una decisión que se atribuyó sin ningún género de dudas al rey Mohamed VI.
Hace tan sólo dos días el propio ministro, en declaraciones a una televisión árabe, se refirió a que el futuro de las dos ciudades autónomas españolas, a falta de negociación sobre ellas con Madrid, podría tener que decidirse en las Naciones Unidas.
En esas declaraciones se insistió en el llamamiento a España a que se sentara "a la mesa de negociaciones", donde se trataría de "las modalidades de recuperación por parte de Marruecos" de las dos ciudades autónomas españolas, según explicó el propio Naciri.
Rabat llegó a aludir a "los intentos españoles de consagrar un hecho consumado colonial", de los que dijo el ministro, "no pueden alterar ese derecho que Marruecos no dejará de reivindicar".
Hoy, sin embargo, la referencia al futuro de Ceuta y Melilla, sobre cuya "marroquinidad" ha insistido tenazmente Rabat durante las últimas dos semanas, se enmarcó en el recuerdo de que esa reivindicación "no tiene como objetivo crear dificultades".
El Gobierno que preside el nacionalista Abás El Fassi considera que España tiene que tener en consideración "nuestros sentimientos, nuestra sensibilidad y nuestras reivindicaciones", declaró el portavoz gubernamental.
Naciri no quiso pronunciarse sobre el momento en que se decidirá el regreso a Madrid del embajador marroquí, Omar Azziman, llamado a consultas por instrucciones del rey Mohamed VI antes de la visita de los Reyes de España a Ceuta y Melilla, los pasado 5 y 6 de noviembre.
"El retorno del embajador del Reino de Marruecos a España se efectuará según las modalidades que han precedido a la decisión en función de la renovación, que deseamos rápida, de nuestras relaciones bilaterales", declaró escuetamente preguntado por EFE sobre la cuestión.
Hace prácticamente seis años que el Gobierno de Marruecos tomó una decisión similar: el 27 de octubre de 2001 acordó retirar durante un tiempo indefinido a su embajador en Madrid y cuatro días después canceló la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países, prevista para diciembre de aquel año.
Entonces la controversia fue la disconformidad marroquí ante la postura española sobre la cuestión del Sahara Occidental, pero a esa crisis le siguió el 11 de julio de 2002 la ocupación marroquí del islote de Perejil, lo que Rabat justificó como parte de su estrategia de "lucha contra la inmigración clandestina y el terrorismo".
El regreso de los respectivos embajadores se produjo el 30 de enero de 2003 y, a lo largo de ese año, se pusieron en marcha diferentes grupos de trabajo hispano-marroquíes y se acordó celebrar la cumbre de Alto Nivel, suspendida desde hacía cuatro años, que finalmente se celebró los días 8 y 9 de diciembre.
Ahora, la reacción marroquí por la visita real a Ceuta y Melilla coincidió con la irritación oficial en Rabat por el anuncio de la orden del juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, de investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara Occidental.
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