BRUSELAS.- La Comisión Europea presentó hoy su propuesta de reforma del sector de las telecomunicaciones, cuya novedad más importante consiste en dar poderes a los reguladores nacionales para que puedan desmembrar a los operadores históricos, como Telefónica en España, obligando a separar funcionalmente el departamento de servicios y el de gestión de redes con el objetivo de fomentar la competencia. La reforma incluye además la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Telecomunicaciones que asesorará al Ejecutivo comunitario en la toma de decisiones.
La Comisión Europea presentó hoy su propuesta de reforma del sector de las telecomunicaciones, cuya novedad más importante consiste en dar poderes a los reguladores nacionales para que puedan desmembrar a los operadores históricos, como Telefónica en España, obligando a separar funcionalmente el departamento de servicios y el de gestión de redes con el objetivo de fomentar la competencia. La reforma incluye además la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Telecomunicaciones que asesorará al Ejecutivo comunitario en la toma de decisiones.
"Los cambios que presenta hoy la Comisión revolucionarán el sector europeo de las telecomunicaciones y le ayudarán a competir mejor con otros continentes", dijo la comisaria responsable de Sociedad de la Información, Viviane Reding. Los planes se enfrentan a la oposición de la mayoría de operadores europeos y han causado una fuerte controversia incluso en el seno de la Comisión por las dudas de los comisarios de Competencia, Neelie Kroes, e Industria, Günter Verheugen.
Reding defendió la necesidad de la separación funcional "para garantizar que las nuevas empresas no sean tratadas de manera injusta por parte de los operadores históricos, que controlan la infraestructura básica de red". Dejó claro que trata de "separar la gestión de la infraestructura de una compañía de las operaciones de servicios" y que no será necesario llegar al extremo de la separación de propiedad que ha propuesto Bruselas para las empresas energéticas. "Es una medida correctora más flexible adaptada a la naturaleza dinámica del sector de las telecomunicaciones", señaló.
Reino Unido ya ha aplicado esta medida y Suecia e Italia la están considerando. La comisaria explicó que los reguladores nacionales deben forzar la separación funcional "cuando esté justificado por graves problemas de competencia" para estimular la competencia y la inversión. "No es la panacea ni debe usarse de manera inadecuada y por ello la Comisión deberá aprobar cualquier decisión de un regulador nacional de ir en esta dirección", indicó Reding.
La comisaria de Sociedad de la Información rechazó las críticas de los operadores, que alegan que la separación funcional desincentivará las inversiones en las nuevas redes de fibra óptica, y puso de nuevo el ejemplo de Reino Unido, donde la inversión en telecomunicaciones por habitante es de 220 euros mientras que en Alemania se limita a 100 euros.
AUTORIDAD EUROPEA
La reforma del sector de las telecomunicaciones que propone Bruselas incluye la puesta en marcha de una nueva Autoridad del Mercado de las Telecomunicaciones, que asesorará al Ejecutivo comunitario. Los 27 reguladores nacionales estarán representados en la Autoridad, que englobará también a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes.
Su creación servirá para dar más poderes al Ejecutivo comunitario que, a diferencia de lo que ocurre ahora, podrá vetar las medidas propuestas por un regulador nacional para corregir la falta de competencia en algún mercado de telecomunicaciones si considera que no son las adecuadas, proponer otras alternativas e incluso actuar en caso de que las autoridades nacionales se retrasen. Bruselas se basará en el dictamen de la Autoridad.
La Comisión reclama que se refuerce la independencia de los reguladores nacionales (en el caso español la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones). Los reguladores no podrán recibir instrucciones de los Gobiernos y éstos no podrán destituir a los máximos responsables de forma arbitraria. Además, la Comisión quiere que tengan poderes para imponer sanciones y que cuenten con los recursos y el personal necesario.
El Ejecutivo comunitario considera que en los últimos años la competencia en el sector ha aumentado, la oferta se ha incrementado y los precios han bajado. Por este motivo, el propone eliminar desde este mismo martes la regulación ex ante en 7 de los 18 mercados que están regulados en estos momentos. En concreto, se trata de los servicios locales, nacionales e internacionales de telefonía fija para clientes residenciales (mercados 3 y 4), los mismos servicios para clientes no residenciales (5 y 6) o el conjunto mínimo de líneas arrendadas (7).
También se suprime la regulación de los servicios de tránsito en la red pública de telefonía fija (10), segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor (14), acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil (15), itinerancia internacional (17) y servicios de transmisión de emisiones (18). La desregulación en estos mercados, explicó Reding, permitirá concentrarse en aquellos en los que todavía hay problemas de competencia, especialmente la banda ancha.
GESTIÓN DEL ESPECTRO
La reforma de las telecomunicaciones incluye además una propuesta para gestionar el espectro radioeléctrico y el denominado 'dividendo digital', que resultará del apagón de la señal analógica de las televisiones en 2012. Las principales novedades en este apartado consisten en la introducción del principio de neutralidad tecnológica y de servicios del espectro y de la posibilidad de comerciar con él.
Ello ha provocado ya el rechazo de la asociación de televisiones (EBU-UER), que reclama que se mantenga el reparto actual de frecuencias y sobre todo que se impida a los operadores de telefonía móvil que accedan, tal y como pretenden, a las bandas que utilizan las televisiones, ya que, según alegan, ello provocará frecuentes interferencias que se traducirán en la pérdida completa de la señal por ser esta digital y no analógica.
El Ejecutivo comunitario espera que la reforma de las telecomunicaciones entre en vigor en 2010 tras pasar por el trámite de los Veintisiete y de la Eurocámara.
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