Los límites de la presunción de inocencia

El acecho al senador socialista y alcalde de Hellín (Albacete), Diego García Caro, desde tres frentes relacionados entre sí

Del urbanismo a las calumnias, todo tiene cabida en el caso de Gacía Caro. (Fuente imagen: PSOE)

El ordamiento jurídico español protege la presunción de inocencia. De ahí uno de los mayores fallos en el uso del lenguaje, en muchos casos en el sector periodístico, al hablar de "presunto culpable". La presunción va ligada siempre a la inocencia, hasta que un juez dictamine lo contrario. Sin embargo, en España muchas veces parece que lo que hay que demostrar la inocencia. Máxime cuando se acumulan las denuncias y se es cargo público. Es lo que le pasa al alcalde con mayor porcentaje de respaldo popular en las urnas, el de Hellín. Se reabre uno de los focos judiciales que afronta Diego Garcia Caro.

Según difundió ayer la agencia Efe, el juzgado de Hellín ha decidido enviar de nuevo al Tribunal Supremo un procedimiento abierto contra el regidor hellinero, así como contra otros tres imputados, por un supuesto delito de falsificación de documento público. Así reza en los razonamientos jurídicos del auto del pasado 19 de febrero, sobre el que ahora vuelve a pronunciarse el juzgado, a raíz de un recurso de reforma presentado por García Caro para que en todo momento quede claro que los hechos planteados son sólo "indicios".

"Faltando a la verdad de los hechos"
Según el relato del auto de febrero, se trata de esclarecer si tanto el alcalde como los otros tres imputados hicieron constar ciertas partidas para la edificación de un centro médico como ejecutadas, a sabiendas de que no se habían iniciado las obras, con el fin de liberar los 50.000 euros de subvención que habrían sido acordados entre la Alcaldía y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades. El juzgado al frente de la investigación decidió inhibirse en su momento para que sea el Supremo quien decida las competencias sobre el caso, dada la condición de senador del primer edil de Hellín.

"En relación con Diego García Caro –afirma el texto–, del que se ha acreditado la condición de Senador, consta acreditado que intervino en la tramitación administrativa de la construcción del consultorio médico de la localidad de Cañada de Agra en diferentes fases y con fechas casi inmediatas (..) el 16 de diciembre de 2005 aprobó la certificación parcial de la obra, curiosamente, de fecha 20 de diciembre (...) cuatro días después y faltando a la verdad de los hechos, pues las obras no se habían ejecutado; y, finalmente, el mismo 16 de diciembre de 2005 dirigió escrito a la Delegación Provincial de Sanidad, remitiendo la documentación".

En la parte dispositiva del auto, la jueza Eva María Fernández Buendía, titular del Jugado de 1ª Instancia e Instrucción nº. 2 de Hellín, es donde dispone abstenerse del procedimiento hasta que el Tribunal Supremo decida resolver las competencias.

Lazos de sangre
Ahora, el segundo pronunciamiento de la jueza vuelve a poner sobre la mesa varias de las acusaciones que pesan sobre el alcalde. Y también el debate sobre los límites de la presunción de inocencia. Valga la pena rescatar el apunte efectuado por el director de ABC, Ángel Expósito, hace ahora cuatro meses, cuando se preguntaba "¿por qué afianzamos las sentencias de la supuesta opinión pública y nos creemos sólo las resoluciones firmes si coinciden con nuestro juicio particular? ¿No estaremos dando la vuelta a la tortilla y en vez de presunción de inocencia estaremos primando a la presunción de culpabilidad? ¡Ojito!, que si es así, y me temo que lo es, tenemos un problema muy pero que muy gordo".

En el Foro de Hellín el debate al respecto ha sido, seguirá siendo, más que encendido. Con la particularidad propia de las localidades más pequeñas, en donde todos se conocen. Así, en una de las intervenciones se puede leer que el corresponsal de la agencia Efe guarda lazos de sangre con algún cargo público del Partido Popular, cuya enemistad con el alcalde es manifiesta. Más adelante, alguien anota que, además, el alcalde cargó contra dicho periodista en una rueda de prensa a propósito del auto judicial. Y unos y otros, partidarios de Gobierno u oposición, se cruzan opiniones acerca de los "indicios judiciales", que por sí solos no constituyen culpabilidad, pero sí dan a entender que "algo hay".

Quiere la casualidad que este Foro es otro de los flancos judiciales del alcalde, ya que también está pendiente la resolución del Supremo de cara a un juicio por el envío de anónimos en dicho espacio digital. La víctima habría sido el aparejador Antonio García Sánchez, quien publicó una serie de viñetas y realizó declaraciones críticas con la urbanización denominada "Las Higuericas", contra la que Ecoligistas en Acción interpuso varias denuncias (por motivos negados por la Junta de Comunidades), al entender que los 600 chalets de dicho emplazamiento iban a ser levantados en un Lugar de Interés Común (LIC), que además es Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).

A cual más reveladora
En poco tiempo, y en el mencionado foro, identidades coo El Niño de la Horca, Abogado, o Candela, se prodigaron en ataques personales contra el aparejador. Según crónica también de la agencia Efe, la investigación judicial concluyó que los anónimos procedían de la misma persona, que habría entrado en el foro de opinión desde tres ubicaciones, a cual más reveladora: el Ayuntamiento, la sede local del PSOE, y el domicilio particular de García Caro.

Indicios, otra vez. Y a la espera de la resolución del Supremo. Y hete aquí que Las Higuericas es otro de los frentes abiertos del alcalde y senador. El 15 de marzo de 2007 la Junta de Gobierno Local concedió la licencia urbanística para abordar la construcción de 105 viviendas en dicho lugar. Con posterioridad, el mismo juzgado que en el caso del centro médico decidió anular dichas licencias. Y en esta situación se llegó a marzo del presente año, fecha en la que el concejal de Urbanismo, Ramón García, anunció que la empresa había solicitado 48 licencias de primera ocupación, y aseguró que estaban vendidas más de 400 viviendas de las 617 que están contempladas en el plan urbanizador.

Gürtel, Seseña...
Estos sucesos han llevado a Hellín a estar presente en las noticias de apertura de medios de comunicación nacionales. Asunto que nunca gusta, como no gusta a ningún partido político (a pesar de la exquisitez con la que fue realizado) el reportaje que emitió Cuatro sobre la barriada albaceteña de Las Seiscientas. Cuando terminos como "falsedad documental", aunque sólo medien indicios, se cuelan en la vida política, todo el mundo se pone nervioso. Unos, porque ven peligrar su poder. Otros, porque ven la ocasión de echar el colmillo. Y, si puede ser, no soltar la presa.

En unos lugares se llama Gürtel, o El Bigotes, o Fracisco Camps. En otros, Las Higuericas, o Seseña, o El Quiñón. En medio, dos grandes perjudicadas: la garantía del Estado de Derecho de la presunción de inocencia, a manos de los artífices de la resurreción del principio inquisitorial in dubio pro fidei; y el derecho a la información, a manos de quienes entienden que es mejor tapar en lugar de publicitar y jugar con las reglas de la transparencia informativa.