Dos meses después de la liberalización del sector eléctrico, para los usuarios poco o nada ha cambiado. La libertad en el sector es poco más que papel mojado debido a la ausencia de una competencia real entre compañías que beneficie al consumidor.
Un análisis realizado entre el 7 y el 14 de julio por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre electricidad y gas para lo usuarios domésticos pone en evidencia que las compañías eléctricas siguen con el pastel energético a buen recaudo.
La CNE analizó la oferta de electricidad para dos modelos de usuario, el primero con una potencia contratada de 3,3kW de potencia contratada y consumo anual de 3.000kW.,y el segundo con 5,5kW y consumo anual de 8.000 kW. En la primera situación el coste energético en tarifa regulada, es decir, Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) sería de 500,56 euros anuales. Si el usuario se pasara al mercado liberalizado pagaría 492,17 euros al año, es decir, un ahorro de 8 euros anuales.
En la segunda opción, es decir, el usuario que consumo 8.000 kW/año, el coste en TUR es actualmente de 1253,94 euros/año, mientras que la oferta más económica en el mercado liberalizado es de 1214,77/año, es decir un ahorro, de 39 euros al año.
La capacidad de cambiar de operador eléctrico que actualmente tienen los usuarios ha sido pensada precisamente para aumentar la competencia, siempre y cuando existan diferencias considerables de precios entre los comercializadores eléctricos. Pero con las cantidades que arroja el actual panorama eléctrico no existe ventaja alguna. El usuario no cambia y todo queda como está.
La situación de precios en el sector del gas es prácticamente igual; también ha sido analizada por la CNE.
Cabe preguntarse de qué ha servido todo el proceso de liberalización en el sector de la electricidad. Prácticamente de nada. Es más, la transición al nuevo modelo se ha realizado perjudicando de forma directa a los consumidores, ha generado inquietud entre los usuarios, no ha habido campañas informativas por parte del Ministerio de Industria, y ha perjudicado a los consumidores debido a la decisión de cambiar a principios de año el periodo de facturación, que ha pasado de bimensual a mensual, basado en lecturas estimadas, lo que ha elevado el número de reclamaciones. Este cambio se hizo sin justificación alguna.(Todavía están por explicar los motivos reales de esta modificación).
El inmovilismo en el sector eléctrico es evidente. Ninguna compañía quiere arriesgar a perder clientes y a modificar el mapa de reparto territorial de usuarios (cada compañía tiene prácticamente monopolizados determinados espacios geográficos debido a la incapacidad tradicional de los usuarios para cambiar de operador). Los usuarios seguimos cautivos de las eléctricas, pagando religiosamente nuestros recibos, sin explicaciones, sin descuentos y sin libertad de elección.
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