El héroe de las descargas ilegales

La industria demanda a Pablo Soto Bravo por crear programas de intercambio de archivos "P2P", peer to peer, de igual a igual. Se consolida por este medio la absoluta desconfianza en la justicia en el común de los mortales, que no pueden creer que exista un solo tribunal capaz de tomarse en serio este disparate.

La civilización occidental, como otras que dominaron el planeta con anterioridad, ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. Separar siameses anulando su condena a morir en vida, y plagar el campo de minas que arrancan de cuajo las extremidades a quien las pise. Una cosa a tiro de piedra de la otra.

Parece mentira que alguien pueda tener la cara dura necesaria para criminalizar a alguien que hace programas de intercambio de archivos, sin dedicar antes el mejor de sus esfuerzos a erradicar la fabricación de armas de fuego, explosivos y minas antipersona.

Porque no es culpable el arma sino el que hace mal uso de ella. Quien aprieta el gatillo apuntando a un semejante, quien se pone al volante y mata a un peatón, quien se apropia de lo ajeno perjudicando al propietario. 

Y llegamos al meollo de la cuestión. El taimado intermediario, que se ha hartado de vender la música y el cine a precios abusivos, quiere obtener beneficio infinito sin haber realizado la necesaria inversión. ¿Por qué la industria puso en el mercado los soportes digitales que conocemos? Es evidente que son fácilmente replicables desde su concepción.

La gestión de licencias de uso de los contenidos implica un coste elevadísimo. No asumir ese coste significa, en rigor, atenerse a las consecuencias. Si no se protege la propiedad, alguien entra y te la roba. Normal.

No es culpable quien escribe un programa que comparte música o películas, sobre todo si no se acusa al fabricante de armas de fuego con la misma intensidad. Los políticos y los profesionales de la judicatura tienen que repasarse, según parece, los principios básicos del derecho.

Me refiero a lo de la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, conceptos que parecen no aplicables a la industria del entretenimiento, en virtud de no se sabe qué prebendas. 

O todos en la cama, o todos en el suelo.