Bajarse al moro

Periódicamente se suceden las declaraciones de lídres islámicos reivindicando mayores derechos para sus fieles en occidente mientras en sus propios paíese la libertad religiosa se encuentra cada vez más perseguida. Lo último, este fin de semana en Marruecos...

Cuando éramos pequeños nos enseñaban en la escuela que, al resolver problemas, no podían sumarse peras con manzanas. Ahora, algo más mayores y con otros cuadernos, vemos que peras y manzanas son religiones, y políticas y derechos, y todo se mezclan en los mismos sacos de los hombres de los sacos. Hemos conocido que en la India se oponen a levantar una estatua a Chaplin por ser cristiano, superando así cualquiera de los guiones que el cómico británico hubiera podido imaginar; desde la ribera islámica del mundo se “exige” a occidente que se respeten los derechos de los musulmanes; y Marruecos, por su parte, insta al Gobierno a favorecer la creación de mezquitas dignas ya que las leyes que consagran la libertad de culto y la realidad de los marroquíes no se corresponden... dicen desde el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Exterior reunido este fin de semana en Fez.

Pero poco o nada tiene esto que ver con lo que en derecho se denominarían obligaciones sinalagmáticas ya que a tal exigencia no se corresponde la obligación de asumir el mismo compromiso, obviando de esta manera los principios de las matemáticas y del derecho más o menos internacional.

El caso es que nos vuelve a dar la vara, la de medir, pero con distintos raseros precisamente aquí, en España, donde la libertad religiosa es un derecho fundamental de segunda generación pero donde no lo es menos el respeto y la obligación de observar, muy de cerca, casi como miopes, las normas y los tratados internacionales. Y es aquí donde vemos que los mismos países que nos exigen unos comportamientos ellos, a su vez, consideran una ofensa perseguible que se les requiera para lo mismo. Es lo que en la jerga del derecho internacional público se conoce como el principio de falta de reciprocidad, coloquialmente dicho, la ley del embudo.

A fin de cuentos no es únicamente cuestión de religión cuando para una de las partes esta se asimila fatalmente al ordenamiento jurídico nacional siendo imposible distinguir entre religión y derecho. De esta forma las preguntas que se pueden lanzar al aire son tan evidentes como complejas. ¿Cabría exigir, y cómo, a los países islámicos, moderados o bravucones, la misma reciprocidad de tal suerte que cualquier religión tenga plena libertad y no, en el mejor de los casos, una frágil tolerancia? Y, cuestión más espinosa ¿podrían limitarse en occidente los derechos de quienes profesen cualquier religión si en sus países de origen la libertad religiosa se haya restringida cuando no perseguida?

Hasta el momento la respuesta de los países occidentales, y de una forma especialmente llamativa la española, está siendo sencillamente la de no afrontar la cuestión cuando posiblemente ya se ha rebasado, o está a punto de hacerse, la delgada línea que lo convierte en problema. Y mientras, la sensación de buena parte de la opinión pública es preocupante, como de una cierta sensación de avasallamiento que no logran paliar las políticas de buena vecindad y diálogo que, antes al contrario, pareciera como si alimentaran las reclamaciones sobre nuestra forma de ver y entender las relaciones entre lo civil y lo religioso. Equivocadas o no pero al fin y al cabo las que nos hemos querido dar.

Porque es de justicia que dentro de nuestras fronteras quede definitivamente claro el papel de la religión y el Estado pero, ¿a título de qué no se responde con contundencia a esos países que nos exigen unos derechos que ello abiertamente nos niegan? Jurídicamente hablando, claro. O no.

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