¿Una justicia inversa?

O lo que es lo mismo, partir de un culpable para encontrar el delito por el que pagará. Un ejemplo podría ser, aparentemente, el actual caso Günter tramitado por el juez Garzón. Al menos, desde un punto de vista estrictamente jurídico y procesal.

Baltasar Garzón

Cualquiera que haya tenido oportunidad de actuar ante los tribunales habrá podido observar que, en la tramitación de la operación Gürtel llevada por el juez Garzón, se aprecia una sutil especialidad en la forma en que de ordinario suelen llevarse las actuaciones judiciales, y nos explicamos.

Al margen de la veracidad y pruebas que día tras día vienen a copar los titulares en los medios de comunicación y cuyo enjuiciamiento ya se verá, es lo cierto que este procedimiento viene siguiendo un curso que podríamos calificar de “inverso”. Esto es, se apunta al culpable y, a partir de ahí, tratar de desenmarañar una trama hasta llegar al delito cuya responsabilidad se le quiera imputar.

Esto, con parecer (falsamente) un argumento de descargo en pro de los actualmente procesados en su calidad de personas vinculadas al Partido Popular, encuentra sin embargo fácil explicación a la vista de los datos mediáticos a los que tenemos acceso y sin perjuicio de las actuaciones judiciales cuyo contenido desconocemos por razones evidentes.

Por de pronto, el mero hecho de que haya sido el juez Garzón quien haya principiado las actuaciones sirve para justificar esta idea ya que, de no haber personas con afección política aparentemente salpicadas por los acontecimientos instruidos, su presencia estaría inicialmente de más, y así lo ha considerado también la fiscalía de la Audiencia Nacional. Y es que en el actual estado de la tramitación la competencia para la instrucción de estos hechos habría de quedar reservada a los juzgados ordinarios competentes, no por razón de la persona, sino del lugar de residencia de aquellos a quienes se investiga. Esto es, que el componente político inicial ya era cuando menos conocido o querido al comenzar la investigación, y es precisamente este componente el que en último caso, habría de llevar o no el asunto a la Audiencia Nacional, y dentro de ella, al magistrado que por turno correspondiera, con la posibilidad de verse el propio Garzón fuera de la instrucción.

En segundo lugar, y de manera no menos extraña a la práctica procesal, los imputados están siendo judicialmente tratados como miembros de una trama cuya existencia se da por sentada, siendo que en buena lógica jurídica probar la existencia de tal trama debería llegar una vez acabada la instrucción. Según la información que es conocida y a falta de que culmine la investigación en curso, se trataría de particulares respecto de los cuales sería erróneo hablar de corrupción por ser personas físicas, así como miembros del PP pero por asuntos inconexos entre sí, lo que dificulta nuevamente que se les considere miembros de trama alguna. Es decir, que de nuevo se parte de un presunto resultado, la trama, para luego conocer las premisas y no al revés como impondría la lógica jurídica.

Consecuencia de todo ello y de manera voluntaria o no, el Partido Popular se ve necesariamente salpicado por esta instrucción de tal forma que, como tercera actuación judicial excéntrica, los miembros que de una manera u otra han tenido relación con los imputados o se les vincula a ella han de realizar la tarea de demostrar su inocencia aun antes de ser involucrados formalmente en la referida trama, situación esta que acaba por desbordar, como consecuencia de este tipo de práctica forense, cualquier tipo de presunción.

En definitiva, no se trata de formular alegaciones en defensa del Partido Popular, que allá él, sino de desmenuzar un tipo de actuación judicial que cuando menos resulta chocante para lo que es e implica un procedimiento penal, algo que, como se dijo al principio, extraña a cualquiera que haya tenido oportunidad de participar en una tramitación como la que ahora se analiza.

Sobra decir que cualquier otra consideración ventilada en este asunto tal como la parcialidad del juez Garzón denunciada por los peperos o la caza mayor, nunca peor dicho, de codiciadas presas de la oposición, caen en el campo de la especulación política más allá de este esbozo jurídico. Y en cuanto al tratamiento que los medios de comunicación están dando al caso, que cada palo aguante su vela.

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