Publica Europa Press un resumen de las cantidades astronómicas que deben los partidos políticos a las instituciones financieras privadas. Solamente en Cataluña la cifra se acerca a los cuarenta millones de euros.
No puedo negar que la instancia pública que más confianza me inspira es el Tribunal de Cuentas. Cada vez que sale a la luz pública una actuación de este organismo observo imparcialidad, agudeza en el juicio e implacable persecución del "euro distraído", sea quien sea el protagonista del intento.
Sin embargo, no resulta fácil seguir la pista a los millones una vez que se establece la localización exacta del agujero, tal vez porque nuestras costumbres políticas, financieras y empresariales ayudan a diluir la identidad del que lo ha excavado. Ocurrió con el vergonzante episodio del tres por ciento. Todos callaron, sin importar su signo político, para que pasara la tormenta. Que yo sepa, nadie ha ido a la cárcel por ese asunto. Correcciones bienvenidas.
A los ciudadanos nos queda el poso de la sospecha, y no podemos pensar de otro modo: Si casi nadie tiene interés en encarcelar al que fue sorprendido embolsándose los dineros, es porque casi todos son candidatos al pijama de rayas. El descrédito de la clase política no es imputable a mentes malpensantes y peoractuantes. No nos engañemos. Los políticos ostentan el poder, y si no lo ejercen -como es su obligación- la culpa no es de terceros.
La maraña normativa tras la que se esconde la financiación de los partidos parece diseñada para aburrir al eventual investigador. Si la Ley contempla la subvención ¿Por qué razón hay que acudir también al dinero particular? ¿Es que el generoso prestamista no va a aspirar a rentabilizar el dinero cedido por la vía de la influencia? Repugna al intelecto el hecho de que un partido político llegue al poder debiendo el favor a este o aquel Banco.
Tendemos, ingenuos, a pensar en la política como gestión de la cosa pública. Pero si en la actividad de los partidos se sigue aplicando el criterio privado (campañas de publicidad dignas de productos de lujo y pagadas con dinero de instituciones particulares) entonces más vale que se presenten directamente las grandes empresas a las elecciones.
Si gana un banco, su presidente lidera el Gobierno y su red de sucursales se convierte en el sustituto de ayuntamientos y ministerios. Si gana una eléctrica, las gestiones administrativas se hacen en sus oficinas comerciales. Si gana una telefónica, todos los trámites con la administración a través de la banda ancha.
Así, al menos, sabremos a qué atenernos. Sabremos quién manda sin necesidad de esperar a que Europa Press nos cuente a quién deben los políticos el favor de su fortuna.
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