Entre la Violencia Reglamentaria y la Tortura

A raíz de los últimos sucesos, una reflexión sobre la coherencia y la madurez democrática.

Comenzamos el 2008 con la detención de Igor Portu Jaurarena y Martín Sarasola, presuntos autores del atentado de la T4, y con la entrada del primero de ellos en la UCI del hospital Donostia. Las diversas informaciones se aglutinan y en un par de días hemos tenido la ocasión de leer de todo: que si ETA pide a sus miembros que denuncien torturas, que si Rubalcaba “quiere creer” la versión oficial,… Leo noticias en diversos medios y la sensación que me queda es un tanto agridulce, como una prueba de que aún estamos lejos de alcanzar la madurez democrática de la que tanto presumimos.

Como bien señalaba hace muy poco el informe de Amnistía Internacional “Sal en la Herida” y como ya señaló antes en el informe anual de la misma ONG de 2006, la tortura no ha sido en absoluto erradicada en España. Al contrario, en el primer informe “la organización refuta la idea de que sean un hecho excepcional y que la responsabilidad de que se produzcan recaiga exclusivamente en un puñado de agentes de policía delictivos.” (Pag. 58 del mismo) en el que incluye un largo número de recomendaciones al Estado español para terminar con esta lacra.

Es muy posible que Igor Portu fuese el autor de la muerte de dos ciudadanos ecuatorianos hace poco más de un año, posiblemente si no se le hubiese detenido habría atentando dentro de poco a saber dónde, a saber con qué consecuencias,… pero nada de eso justifica que haya acabado en la UCI de un hospital con una costilla rota, una perforación pulmonar y varios desaguisados más. Porque es precisamente eso lo que supuestamente tendría que diferenciar a unos y a otros, y porque la policía no debería volver a acercarse, ni por asomo, a defender a España “hasta en las cloacas” como ya en su momento se justificaron algunas actuaciones de algunas partes de esta. Bastantes experiencias hemos tenido ya con esto, experiencias durante las cuales, por cierto, nuestro ministro de interior ya ocupaba cargo en el gobierno. El mismo ministro que ahora “quiere creer” la versión de la policía, situándose claramente del lado de la fe ciega en una institución que se ha demostrado no funciona como debería (me vuelvo a remitir a los informes de AI).

El problema básico de los políticos en este país (¿o será en todos?) es la incapacidad de reconocer los errores. Si un político ve señas evidentes de que algo ha ido mal, tratará como sea de buscar la forma de justificarlo, pasará de la afirmación rotunda a la duda sensibloide, de mostrar serenidad a esperanza,… todo menos el reconocimiento de un fallo, menos las medidas para solventarlo, menos la propuesta seria de cauces para evitar que tal error vuelva a suceder.

Como comentaba esta mañana en otra noticia de este mismo portal, ahora mismo estamos ante una situación en la que sea como sea, algo ha salido mal. En primer lugar, considero necesaria una investigación rigurosa realizada por agentes que nada tengan que ver con aquellos que estuvieron implicados en los hechos a investigar: el proceso de detención y las quince horas que pasaron hasta la entrada de Igor Portu en el Hospital Donostia. En segundo lugar, habría que actuar con los resultados en la mano: si en efecto se demuestra que hubo tortura se debería castigar a quienes la ejercieron sobre el presunto etarra así como profundizar en la investigación para ver quién ha fomentado o hecho “vista gorda” sobre este tipo de comportamientos entre los cargos de mayor rango. Si el resultado de la investigación niega la existencia de tortura, considero que habría que revisar nuestras definiciones de tortura y de “violencia reglamentaria”, puesto que me parece intolerable que un detenidx ingrese en el hospital en tal estado tras el uso de “violencia reglamentaria”. No hablemos ya de violencia legítima, porque igual nos daba para tres páginas más…

Eso sí, ni Igor Portu ni nadie que ha sido victima de tortura se convierten en héroe por ello, y de hecho, si la respuesta gubernamental fuese eficiente, esto tendría mucho menos peso del actual. El héroe lo es por lo que hace, no por lo que le hacen. El asesino lo es por matar, el torturador por torturar… y nunca ninguna de las dos cosas debiera suceder de forma institucional dentro de un Estado de Derecho que presume de madurez democrática. Y punto, lo demás: sobra.

Sara Lafuente Funes